Lucía Dammert

Lucía Dammert

Socióloga y Doctora en Ciencia Política. Profesor Titular de la Universidad De Santiago de Chile. Dedicada a temas de Seguridad Pública, Violencia y Crimen Organizado. Miembro del directorio de Espacio Público, Fundación Junto al Barrio y Democracia Abierta de Barcelona. Miembro del Consejo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas en temas de Desarme. Columnista de diversos medios de comunicación de América Latina.

¿Se olvidaron de la reforma policial?

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Esa fue la pregunta que quedó dando vueltas luego de escuchar la cuenta pública del Presidente Piñera. Es verdad que estamos frente a una crisis sin precedentes en términos sanitarios y económicos que requieren respuestas rápidas y profundas. Es también cierto que el gobierno está ya en los saludos de despedida y le queda poco tiempo para ponerle músculo a una reforma estructural. Tampoco las expectativas eran muy altas, incluso en el peor de los momentos el ADN de la política de forma transversal en los últimos 30 años no ha estado inclinado en “meterse” con la policía.  Pero el salto cuántico, en menos de un semestre, de reconocer la crisis policial, la falta de legitimidad, el uso excesivo de la fuerza e incluso la valoración de la necesidad de una reforma estructural a un saludo por la colaboración durante la pandemia es preocupante. 

La reforma policial sigue siendo un tema pendiente de la democracia chilena. Para los entusiastas que creen que esto “pasó” por que ahora la gente valora el aporte policial en el cuidado de la pandemia, solo queda decir que están equivocados. Las instituciones policiales requieren de una transformación fundamental desde la forma como se las gobierna, es decir desde los ministerios encargados de velar por que cumplan sus funciones en el marco de la Ley pero además con transparencia y responsabilidad. Revisar los miles de espacios de discrecionalidad institucional es también urgente y incluyen cosas como la compra de mascarillas o viviendas, los prestamos internos, el uso de armas, los mecanismos de ascensos e incluso los viajes internacionales.  Una comisión de funcionarios que le ponga “sello y firma” a los documentos no debería ser considerado hoy un proceso real de administración eficiente. 

El gobierno se apoya en su agenda de seguridad pública, sabe que el temor ronda a la mayoría de los ciudadanos, que con la crisis económica aumentará la violencia y el delito, y que probablemente de la mano llegarán los pedidos por más castigos y más policía. Pero es preocupante que los anuncios se acumulen en una larga lista de lugares comunes. ¿Qué pasó con las 75 medidas por la seguridad? ¿Con la mesa de compromiso país para luchar contra las balaceras? ¿Con los barrios prioritarios o de alta complejidad? Pedazos de políticas que se anuncian y toman camino propio sin necesariamente conformar una política criminal seria y sectorial. 

Luego de la cuenta pública el Ministro Perez ha dado señales de apoyo institucional reconociendo que la labor policial después del 18 de Octubre ha sido “extraordinariamente abnegada”. Sobre violación de derechos humanos, transparencia de información, problemas internos, necesidad de cambios en la formación policial, en los beneficios para el retiro, no se dice nada. Es muy probable que se estén haciendo múltiples cambios y reacomodos, pero no se comparten ni siquiera con las comisiones que el mismo gobierno formó para apoyar la reforma policial (hoy ya transformada en modernización).  

¿Cómo se están pensando y haciendo los cambios? La poca información disponible reconoce que se han contratado expertos internacionales o consultorías a expertos en planificación o administración de empresas. Mientras se siga asumiendo que los únicos que saben sobre policía son los miembros de la institución policial, los cambios nunca serán basados en evidencia o profundos. Parece que el gobierno, y buena parte de la elite política, se olvidó de la reforma policial y su urgencia, esperemos no caer en una nueva espiral de violencia que demuestre las limitaciones del control policial. De ser así, que no se diga que no lo vieron venir o que se han avanzado con las agendas propuestas; por que no es cierto. La reforma policial debería convertirse en una de las transformaciones fundamentales que requiere el nuevo contrato social que queremos firmar en el país, algunos al menos no lo olvidaremos.

FOTOGRAFÍA: Alejandro Hoppe, entonces reportero gráfico de La Época, siendo detenido por Carabineros en plena dictadura militar.

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