Felipe Harboe

Felipe Harboe

Abogado, actualmente Senador, fui Diputado y Subsecretario del Interior. Voy por el fome camino de la prudencia por sobre la estridencia. Promuevo proyectos e ideas en las que creo, independiente si son populares o no.

Seguridad: Imperativo ético progresista

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Desde hace muchos años que aquellos que nos ubicamos políticamente en la denominada “centro izquierda” o en el “mundo socialdemócrata” hemos debido luchar permanentemente por incluir dentro de la “agenda progresista” los temas relativos a la seguridad ciudadana, pública, interior o cualquier otro apellido que se encuentre para denominar las políticas públicas destinadas a disminuir la victimización e incrementar los niveles de seguridad de las personas y sus entornos públicos y privados.

Este desafío no ha sido fácil. El sufrimiento de la generación que nos antecede ha impedido enfrentar este tema sin complejos. La dictadura, con la implantación de la doctrina del “enemigo interno”, la aplicación de apremios ilegítimos de parte de organismos del estado hacia quienes pensaban distinto, el abuso de las potestades policiales y la pasividad cómplice de muchos jueces de la república, generaron un contexto difícil de olvidar y complejo de superar. Así las cosas, sus herederos políticos de izquierda miran con profunda desconfianza a las instituciones policiales y persecutoras (ministerio público), rechazan toda norma de control y sanción y consideran que la seguridad debe ser la natural consecuencia de una sociedad menos desigual donde la prevención es el único camino viable.

En la otra vereda, la derecha conservadora eleva a la categoría de “valor supremo” el orden y la seguridad.; circunscribiendo la lucha contra el delito a las herramientas de persecución, sanción y control. Con ello, se produce un divorcio entre los extremos difícil de armonizar. Como si fuera poco, la reciente irrupción de los “neo” (en sus versión supuestamente liberal, -quienes con una frivolidad extrema- se aventuran a criticar cualquier medida que afecte su libertad individual como si ella fuera un valor supremo imposible de regular en función del bien común o de la sociedad.

Olvidan que la dictación de cada ley constituye en si misma una limitación de la libertad. Ignoran la existencia de una vasta normativa destinada a compatibilizar dicho bien supremo (no absoluto) con las libertad de otros. Ignoran el rol del individuo en el ente colectivo social y su necesidad de convivencia armónica en el ejercicio de libertades. Pero quizás lo más complejo es que del discurso de los “neo” subyace un clasismo exacerbado al partir de un supuesto equivocado como que las libertades existen para todos por igual. En una sociedad injustamente desigual donde impera la lógica individualista, las libertades se encuentran inexorable e injustamente unidas a la capacidad de pago de los individuos. Así, en Chile sólo poseen libertad de elegir la educación de sus hijos, el sistema de salud, el monto de su pensión, el barrio donde vivir y el sistema de seguridad, aquellos que poseen recursos para poder elegir, ya que cada uno de los servicios descritos tiene como supuesto la capacidad de pago de quien quiere acceder a ellos. Entonces, ¿qué libertad defienden los “neo”? obviamente la que ellos poseen pero que la mayoría de la sociedad no. ¿Qué libertad tiene una pareja que desea salir por la noche y dejar su casa sola si no posee alarma, rejas o algún otro medio de seguridad privada? ¿Qué libertad tiene alguien que vive en un barrio critico que después de las 20:00 horas no puede ir a comprar al almacén de la esquina por miedo a un asalto o una bala loca?

Sólo poseen libertad quienes pueden ejercer los derechos que ella conlleva y; en un ambiente de inseguridad y temor; pocos se pueden hacer realidad, lo que reduce la libertad a una aspiración o un concepto teórico y no un verdadero derecho.

Entonces cuando hablamos de libertad tenemos que partir del supuesto que el sistema debe asumir la desigualdad social y focalizar normas y programas destinadas a disminuirla; pero mientras eso ocurre, las instituciones públicas que brindan la cobertura básica de esos servicios deben mejorarlos para incrementar su oportunidad y calidad. Así entonces, las normas de control destinadas a mejorar la seguridad, deberán focalizarse en los sectores donde se carece de capacidades las víctimas de delitos son las que viven en sectores poblacionales desmejorados, mujeres y migrantes. sociedad desigual y focalizar armónicamente para hacer frente de manera individual a la inseguridad.

Se trata entonces de un equilibrio de libertades destinados a garantizar, o al menos masificar la paz social.

Olvidan algunos que la seguridad es también un derecho humano consignado en la Declaración Universal de derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 la que en su artículo 3º consagra “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

En consecuencia, es la propia carta de naciones unidas la que consagra como derecho humano la seguridad de cada persona; y, por consiguiente, es deber de todo estado propender (dentro de otras obligaciones) a la seguridad personal de sus habitantes.

Así las cosas, entre la izquierda y los “neo” (por diferentes razones) han ido instalando la idea de que las “políticas de seguridad” son esencialmente coercitivas y desconocen que los avances en la visión integral del fenómeno del delito ha sido un triunfo de aquellos que con esfuerzo hemos ido incorporando elementos de prevención social, situacional, control y reinserción en las políticas públicas que se han implementado luego del retorno a la democracia.

En las democracias europeas, los gobiernos socialdemócratas han enarbolado las banderas de la seguridad como un elemento tan relevante como el progreso o la protección social; ya que comprenden que no hay libertad sin seguridad y que la seguridad sin libertad puede derivar en tiranía. Han asumido que las sociedades deben avanzar hacia una integración social donde la paz y la tranquilidad son valores a proteger como elementos básicos de convivencia y de progreso.

Por ello es que hoy vuelco a reivindicar la seguridad como tema relevante para el mundo de la centroizquierda y, por consiguiente, cualquier política de desarrollo y equidad debe consignar elementos que propendan a lograr mejor nivel de seguridad y paz social.

En nuestro devenir democrático, las diversas políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno del delito han ido incorporando progresivamente variables sociales e incorporando al mundo civil en una discusión que antaño era reservada para los agentes de seguridad.

Así, la Política Nacional de seguridad ciudadana (2000); la estrategia nacional de seguridad Pública (2006-2010), el Plan nacional de seguridad (2010-2014) y el Plan Chile más seguro (2014-2018) han asumido que la variable de política social constituye un factor esencial en el diseño de políticas públicas de seguridad. Todos estos instrumentos han otorgado un rol clave a la política social en el logro de los objetivos de paz social. “Hemos socializado la política de seguridad en vez de criminalizar la política social como querían otros, porque entendemos que la seguridad es un deber del estado para los más desvalidos, aquellos que no se pueden proteger solos, aquellos que dependen de la seguridad pública y a ellos apuntamos cuando nos obligamos a construir ciudades incorporando conceptos de prevención situacional o cuando decidimos políticas de reinserción escolar o inserción laboral para aquellos jóvenes que salen de la comunidad escolar o el mundo laboral. Cada niño(a) que vuelve a su escuela o liceo es un niño(a) que le sacamos a las malas oportunidades; cada joven que ayudamos a emprender o insertamos en un trabajo, es un joven al que le estamos dando una oportunidad de desarrollarse en paz y tranquilidad”.[1]

La desigualdad del delito:

Si vamos a nuestra realidad social, veamos que ocurre en la relación “delito-nivel socioeconómico”. Tal como demostraré, las estadísticas en Chile de manera invariable nos revelan que “el delito es desigual”; que los pobres y la clase media son más victimizados que las familias ABC1” “que las familias C3 y D son las más revictimizadas del país”; que “hay más temor en las zonas más pobres”; y hay más impunidad en los delitos que se cometen en zonas más pobres”.

¿Es todo esto una novedad? Para quienes nos dedicamos en serio a trabajar el tema de la seguridad, no lo es. Probablemente para los “neo” si lo sea ya que muchos de ellos analizan y enjuician los temas desde su realidad personal y familiar y desconocen lo que ocurre en el día a día a las familias que ellos no frecuentan; y, como no rinde (comunicacional ni políticamente) estudiar el fenómeno, sus estadísticas y la experiencia comparada; ellos terminan apresurando juicios y etiquetando en 140 caracteres lamentables conclusiones que develan la superficialidad que acostumbran.

¿Por qué el delito es desigual?

No se trata que un delito sea más importante porque afecta a una u otra familia. No me refiero a la desigualdad de importancia; sino a una realidad donde el delito afecta en mayor medida a las familias que tienen menos. ¿la razón? Simple. Las familias de clase media -mono o biparentales- por regla general reciben ingresos precarios[2], luego, ambos –o sostenedor(a)- debe(n) salir a trabajar y dejar sus viviendas solas ya que carecen de recursos para contar con personal que trabaje en ella o para proveerse por si mismos medidas de seguridad (alarmas, cercos eléctricos, circuitos cerrados de televisión u otros); por tanto su “casa sola” queda a merced de lo que pueda hacer la seguridad pública. Aumenta la angustia cuando en ese hogar existen menores que luego de su jornada escolar deben volver a su hogar antes que sus padres o apoderados, lo que los transforma también en potenciales víctimas y con ello, crece la angustia de los padres y madres que trabajan.

Luego de años de analizar estadísticas es posible afirmar que los hogares C· y D son los más afectados por los delitos contra la propiedad. Veamos a modo de ejemplo, el año 2017 hubo 1.131.000 delitos de robo o hurto que afectaron a hogares. De ellos el 87,7% (casi 9 de cada 10) pertenecen al nivel socio económico C3 y D. Es decir, 991.887 hogares que sufrieron delitos pertenecen a familias de clase media que con mucho esfuerzo compran un bien (con crédito) y al poco andar se lo roban y deben seguir pagando las cuotas por un bien que ya no poseen. Ello junto generar un gran daño patrimonial (en proporción a sus ingresos medios), genera una sensación de inseguridad que atemoriza a la familia y a su entorno ya que dada sus premuras económicas no cuenta con recursos para “reforzar” su hogar para evitar una nueva victimización. Como si fuera poco, las estadísticas nos confirman que en los hogares del nivel socio económico C3 y D, 7 de cada 10 hogares que sufrieron algún delito volvió a ser víctima de un segundo delito dentro de los 6 meses siguientes. Así entonces, el cuadro de temor, frustración y angustia de estas familias esforzadas resulta preocupante y necesario de abordar.

Como corolario hay que agregar el hecho de que tratándose de los delitos contra la propiedad con “imputado desconocido” (es decir cuando se ha cometido el delito y la policía llega sólo a tomar la denuncia de lo ocurrido sin encontrar a los delincuentes en el lugar) en el 98.3% de los casos esas investigaciones se terminan sin ningún condenado. SI, tal como lo lee, en 9 de cada 10 casos NO HAY RESPONSABLES, lo que genera impotencia, rabia, decepción y sensación de inseguridad.

Así las cosas, constituye un deber del mundo progresista asumir el tema de la seguridad como una bandera propia y no dejar que “un sector de la izquierda” estereotipe el tema de la seguridad como un tema “de derecha”. Para la derecha el “orden” constituye un valor en si mismo; para nosotros la seguridad debe transformarse en un derecho de todo ciudadano, en particular de aquellos cuya paz y tranquilidad depende del sistema público. Para la clase media y los pobres, la única seguridad posible es la que brinda el estado. Por ello es que la seguridad pública (en términos amplios de inversión social, situacional y medios preventivos) deben focalizarse justamente en las zonas de menores recursos y carentes de equipamiento.

Quienes desde la izquierda rehúyen el tema de la seguridad, lo hacen debido a un profundo desconocimiento de la necesidad de dotar de mejores condiciones de paz a los que tienen menos e ignoran que cuando se recupera un espacio público, se iluminan las veredas, se disminuye la densidad poblacional o se crean actividades recreativas para menores y jóvenes, también se aporta a la paz social.

Olvidan que mientras los más acomodados cuentan con jardín, los más pobres dependen de los espacios públicos para escapar de las reducidas viviendas sociales y allí los niños pueden jugar, los jóvenes divertirse y los adultos hasta tener su momento de privacidad. El espacio público es para los mas pobres el lugar donde se desahoga la familia que habita una vivienda pequeña; y cuando ese espacio público está tomado por delincuentes, traficantes o por personas que amenazan la tranquilidad del barrio, entonces ya no hay espacio posible para jugar, divertirse o conversar. Por eso es que resulta tan urgente coordinar las intervenciones urbanas en espacios públicos con presencia policial en los días y horas de mayor afluencia familiar.

La seguridad no es sólo control, sin duda es prevención, y rehabilitación. Es una suma de políticas sociales; pero también requiere de medidas de control y sanción para aquellos que como ya hemos visto victimizan a los que tienen menos con mayor frecuencia. Eso es un imperativo ético para alguien que se dice progresista. La seguridad y la libertad son inseparables. Quien no goza de seguridad para vivir o transitar, ve coartada su libertad por ello es que la centro izquierda debe terminar con ese complejo que los ha llevado (salvo casos aislados) a abandonar los temas de seguridad. Una centro izquierda moderna, no debe asumir los complejos que heredamos. Es hora de mirar hacia el futuro donde la seguridad cobra un valor fundamental como coadyuvante de la libertad, de la estabilidad y la paz social.


[1] Extracto discurso en ceremonia de lanzamiento de Estrategia nacional de Seguridad Pública 2006-2010. Felipe Harboe, Subsecretario del Interior.

[2] 70% de los trabajadores chilenos remunerados perciben ingresos inferiores a $500.000.-

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