Francisco Javier Diaz

Francisco Javier Diaz

Abogado y cientista político (U. de Chile, London School of Economics). Analista, columnista, ex-influencer y speechwriter profesional. Fue Subsecretario del Trabajo (2014-2018), ahora ejerce como abogado en materia laboral.

¡¡Suelten la plata!!

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Ha pasado un mes desde la declaración del estado de catástrofe y todavía no llega ningún tipo de ayuda a la gente. Ni a los trabajadores formales ni a los informales, ni a los municipios de comunas vulnerables para su labor de asistencia. Lo único que se escucha son anuncios multimillonarios del gobierno, pero los recursos aún no llegan. Pareciera que no hay sentido de urgencia ante el clamor de la calle: suelten la plata de una vez.

Un mes desde que el estado de catástrofe obligara a estrictas medidas sanitarias que han significado la paralización total o parcial de múltiples fuentes laborales. Miles de empresas del comercio, servicios, turismo, hotelería, gastronomía, construcción, entre muchos otros, se han visto seriamente afectadas. Aun no existen cifras de cesantía del período, pero ya son miles los trabajadores despedidos. Junto a ello, son cientos de miles los trabajadores del sector informal que sencillamente no han podido tener ingresos por efecto de las cuarentenas y restricciones sanitarias. Para una comuna vulnerable, como ya lo vive El Bosque o Puente Alto o San Bernardo, la declaración de cuarentena puede terminar siendo una pesadilla social.

Las medidas del gobierno han sido insuficientes y tardías. El Bono COVID de 50 mil pesos no es solo exiguo en monto y cobertura, sino que, además, su entrega se ha visto inexplicablemente retrasada y aun no llega a sus beneficiarios. El ingreso mínimo garantizado, que subsidia a las empresas que pagan bajos sueldos, recién fue promulgado esta semana, pero alcanzará a menos del 8% de la fuerza de trabajo.

Si se pretendía proteger el empleo y las remuneraciones vía seguro de cesantía, las cosas han quedado peor. La nueva ley no solo recurre a los ahorros personales de los trabajadores para paliar la suspensión de servicios, sino que, además, reduce a 70% los ingresos del primer mes, luego 55%, 45% y así descendentemente en los meses siguientes. ¿Alguna autoridad ha dimensionado cuánto es el 70% del sueldo mediano en Chile? Alrededor de 290 mil pesos. Y eso es el primer pago, después baja a cerca de 200 mil pesos. O sea, a fin de mes faltará la comida en esas familias y no se ve ninguna iniciativa para mitigar ese resultado.

Pero hay más: un beneficio pensado en empresas medianas y pequeñas, ahora es solicitado por empresas de gran tamaño y multinacionales, que arguyen que no pueden hacerse cargo por uno o dos meses de los sueldos de sus trabajadores, mientras corren a implementar canales de venta por internet.

¿Apoyo a los millones de trabajadores informales? Se anuncia que se creará un fondo de 2 mil millones de dólares. Pero no se ve sentido de urgencia en crear rápidamente un plan de implementación de dicha medida. Del anuncio han pasado más de diez días sin que se tenga alguna noticia de cómo y cuándo podría operar. Para matar tiempo, se anunció la creación de una comisión que estudie alguna fórmula.

Entre tanto, la Dirección del Trabajo primero anuncia vía dictamen que se puede suspender la relación laboral sin pago de remuneraciones, y hace pocos días, trata de implementar fórmulas para facilitar el despido a través del finiquito electrónico en su plataforma web. El mundo al revés.

El gobierno también anunció que mitigaría el impacto en la cuenta de servicios básicos. Buscó el favor de las propias empresas de agua, luz y telefonía, y presentó un acuerdo completamente insuficiente, más encima, encajonado en la maldita obsesión de la focalización extrema de las políticas sociales en Chile, destinando el beneficio al 40% más pobre de la población. ¿No se dan cuenta que el 60% o el 70% es tan vulnerable como el 40%? ¿Qué una familia que pierde el empleo, por muy sexto o séptimo decil que sea, también pasará penurias y hambre?

Y si tiene alguna deuda con algún banco, mejor que se prepare para la morosidad o el remate. Los ofertones de ayuda de la banca a las personas comunes y corrientes –no a los empresarios medianos y grandes que se beneficiarán de la garantía estatal—vienen con intereses y letra chica.

En síntesis, el gobierno podrá tener una estrategia sanitaria para enfrentar el virus; habrá que hacer un acto de fe y acatar las medidas que se impongan. Pero en lo social, esto puede terminar en un desastre. Y no se ve sentido de premura, o peor aún, no se aprecia que la autoridad comprenda lo que está pasando.

Hay plata en Chile. Suéltenla de una vez.           

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