Francisco Javier Diaz

Francisco Javier Diaz

Abogado y cientista político (U. de Chile, London School of Economics). Analista, columnista, ex-influencer y speechwriter profesional. Fue Subsecretario del Trabajo (2014-2018), ahora ejerce como abogado en materia laboral.

¿Todos a votar?

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¿Todos a votar?

El legislador no imaginó, cuando postergó el plebiscito de abril a octubre, de que a esta fecha todavía podríamos tener problemas con el COVID 19. Se pensaba que todo terminaría en algunos pocos meses; de hecho, ya a fines de abril el gobierno comenzaba a hablar de retorno seguro, cafecitos y nueva normalidad. ¿Plebiscito en octubre? Tiempo de sobra para que se haga sin ningún problema sanitario, se decía. Y como había tiempo de sobra, el gobierno no hizo nada.

Pero la pandemia se comportó como hemos visto. Un altísimo peak de contagios y fallecimientos por millón de habitantes durante junio, que nos deja como el segundo país de peor desempeño en todo el continente, después de Perú, y lejos de países que lo hicieron bien, como Uruguay, Costa Rica o Canadá. En estos días se puede apreciar que la tendencia a la baja se desacelera, es decir, siguen bajando los promedios móviles, pero a menor velocidad que lo hacían hace un mes. Algunos especulan que la celebración de las fiestas patrias puede generar mayores contagios.

Lo cierto es que el COVID 19 nos acompañará por varios meses más. La posibilidad de una vacuna efectiva y masiva se ve todavía remota, según los expertos. En Europa se ven alzas significativas de contagio y se teme lo que pueda pasar en el otoño que se avecina. En Chile podríamos vivir nuevas alzas en el otoño-invierno del próximo año, cuando nuevamente tengamos elecciones (municipales, regionales, constitucionales y primarias presidenciales).

Algunos oportunistas llaman a suspender todo tipo de elecciones, hasta que no pase totalmente la pandemia, pero ésta no cederá tan rápidamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Suspender la democracia de forma indefinida?

Lo que corresponde es encontrar los mecanismos sanitarios para que las elecciones puedan realizarse con seguridad y que la ciudadanía tenga confianza para ir a votar. Pero el gobierno así no lo entendió. En un inicio habló de suspender el plebiscito por razones sanitarias, e incluso por razones económicas, como insinuó el propio Presidente Piñera. Como esa propuesta no tuvo eco –entre otras cosas, porque se contradice con la intención de reabrir la economía—el gobierno sencillamente cayó en la inacción.

Solo a instancias de senadores de oposición se pudo aprobar hace una semana la ley que faculta al SERVEL a adoptar una serie de medidas sanitarias extraordinarias que permitirán una mejor planificación de los procedimientos de votación al interior de los locales. Y el SERVEL diligentemente ha estado preparando tales procedimientos, que permitirán regular de mejor forma la constitución y funcionamiento de las mesas, adecuar horarios, repartir elementos de protección personal, establecer protocolos de acceso y aforo a los recintos, entre otras medidas.

Sin embargo, hay algo que dicha ley no permite y que el SERVEL no puede autorizar sin vulnerar la Constitución. En Chile el voto debe ser presencial; no se puede vulnerar la garantía del secreto del voto a través de opciones remotas. La única excepción parcial a tal principio es el llamado “voto asistido”, donde el votante que requiere asistencia ingresa a la urna con una persona de su confianza, pero el voto sigue siendo presencial.

Sin posibilidad de votación remota, las personas en cuarentena por COVID 19 no podrán votar, básicamente porque no podrán salir de su casa para hacerlo. Colisiona en ese caso el derecho a sufragio y el derecho a la salud de la población. La situación es particularmente injusta para el afectado: no se trata tanto de su salud, sino que la de los demás. Muchas veces se trata de personas sin mayores síntomas, a quienes la sociedad le pide que se quede en casa para no contagiar al resto.

Lo que se debió haber hecho hace tiempo era implementar un mecanismo de votación remota como se hace en muchos otros países. Puede tratarse de votación anticipada (donde en las semanas previas al día de la elección se habilitan locales temporales de votación) o bien votación por correo (donde la persona solicita el voto a través del correo postal y lo devuelve por esa misma vía). Obviamente hay que hacerlo bien, con la habilitación normativa que corresponda, con recursos para asegurar que funcione adecuadamente, y con drásticas sanciones especiales para quien entorpeciera esos procedimientos.

Este sistema tiene una ventaja adicional: serviría para promover la votación de miles de ciudadanos que, por razones de salud, por edad muy avanzada, por alguna discapacidad, por un viaje ocasional, entre otras, no pueden apersonarse el día de votación en los locales. Todas esas personas hoy sencillamente no pueden votar. Lo mismo ocurre con las personas en prisión preventiva, sin condena por pena aflictiva, que tampoco pueden ejercer su derecho.

Es muy difícil que en 60 días se alcance a implementar un mecanismo de esta naturaleza. Ojalá se pudiera. Pero lo que no puede volver a ocurrir es que lleguemos a las elecciones de abril de 2021 sin alguna forma de votación remota. Hay tiempo. Lo que falta es voluntad política del gobierno.

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