Sergio Espejo

Sergio Espejo

Abogado Universidad de Chile y Master en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Ha sido Diputado, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Superintendente de Electricidad y Combustibles. Enseña políticas públicas en la U. de Chile, integra el consejo académico asesor del programa de medio ambiente de la facultad de Derecho UC y es decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de USEK. Abogado socio de Aylwin y Compañía y consultor internacional.

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El debate constitucional ha instalado como un elemento central la pregunta por la manera en que las diversas expresiones políticas, sociales y culturales de nuestro país serán representados en la elaboración de la nueva constitución que esperamos darnos. El acuerdo político ha enfatizado la paridad de género y ha abierto una puerta a la representación de los pueblos indígenas. Son tantos los olvidados.

Miles de chilenas y de chilenos de todas las edades viven con discapacidad intelectual. Muchos de ellos conviven además con enfermedades mentales. Ellos y sus familias constituyen un sector invisible de nuestro país. Ocultos históricamente por una combinación de vergüenza, ignorancia y desinterés, sus vidas cotidianas son el reflejo de múltiples humillaciones.

Nuestra legislación civil, pionera en tantos ámbitos, mantiene una referencia genérica a “los dementes” que los relega a una incapacidad jurídica pensada para las realidades patrimoniales pero que hoy se extiende a los más diversos ámbitos. La interdicción subsiste en un contexto en el cual las mejores prácticas y los tratados internacionales promueven el respeto de la autodeterminación y la obligación de los estados de proveer los mecanismos para que ello sea posible. Todavía es legal la esterilización o la realización de procedimientos quirúrgicos invasivos e irreversibles que no garantizar el respeto a la decisión del afectado.

Y esa es la parte más evidente.

Lo concreto es que la mayoría de nuestros compatriotas que viven con

una discapacidad intelectual serán tratados, en el mejor de los casos, como niños a los que se les debe indicar la manera en que deben conducir cada aspecto de sus vidas, incluso los más insignificantes. Su cotidianeidad se construye sobre la humillación.

La pregunta entonces es si efectivamente Chile despertó a una nueva forma de conciencia frente a expresiones tan evidentes de vulnerabilidad. Pienso que no.

Enfrentaremos durante la ruta constituyente el desafío de intentar instalar estas cuestiones en el debate. ¿Cómo conciben sus derechos y el reconocimiento que de estos debe garantizar la constitución las personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo expresarán sus opiniones? ¿En qué escenario protegeremos su derecho a participar y ser escuchados?

Una sociedad que humilla a los suyos es una sociedad indecente. Cuando esta humillación trasciende las relaciones personales y se consagra en las instituciones, es además una sociedad incivilizada. Esa es la manera en que Chile debe ser descrito a partir de la experiencia de la discapacidad intelectual.

Hagamos de la nuestra una constitución de la decencia y la civilización.

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