Veronica Pinilla

Veronica Pinilla

Ph.D. en Políticas Sociales y Administración, de la Escuela de Sociología y Políticas Sociales, The University of Nottingham; Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile; Administrador Público de la Universidad Central. Consultora Senior con más de 20 años de experiencia en el sector público, en temas vinculados a la reforma del Estado y modernización de las instituciones públicas, transparencia y empleo público. Docente de la Universidad de Valparaíso, y Autónoma. Panelista permanente de Radio la Clave, y Ciudadanos 360 de CNN.

Un cuento Chino

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Columna escrita en conjunto con Pablo Gutiérrez.

Si hiciéramos un ejercicio analítico, relacionado con el actual proceso de movilización social en Chile, podríamos distinguir nítidamente tres momentos. Una primera fase, que comenzó con la evasión en el pago del boleto del metro, en cuanto una modalidad de desobediencia civil y concluye con la manifestación más grande jamás vista en la historia de Chile, donde millones de chilenos salen a las calles para ser escuchados. La segunda fase, comienza con la convocatoria de un conjunto de organizaciones sociales de corte tradicional, demandando cambios sustantivos al modelo económico e identificando demandas específicas que dicen relación con los grupos sociales que estas organizaciones coordinan y representan. Un tercer momento, cuando estas demandas hoy tienen nombre y apellido, y fundamentalmente una raíz única, que se han traducido en un cambio de la constitución chilena de 1980.  ¿Por qué podría resultar relevante esta distinción? Y ¿Cómo esta ha influido en la respuesta de la política?

Esta distinción resulta relevante, porque la naturaleza, composición y discurso de los tres momentos son en lo cierto distintos, casi al nivel de excluirse. Los miles de chilenos y chilenas, en Santiago, y en regiones, quieren ser escuchados, y en general sus demandas es terminar con los abusos. En este contexto, y en el actual marco institucional, las prácticas clientelares unidas a reelecciones eternas y mandatos sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, han limitado sobremanera las expresiones reales y sustantivas de la ciudadanía, dejando esta frustración arrastrada por años donde no solo la ciudadanía no le cree al sistema sino que tampoco a los representantes, que de lado y lado hoy no cuentan con las etiquetas sociales para declarar que es lo que el pueblo necesita y reclama. La respuesta fácil a esta demanda general de abusos puede ser el “perdonazo”, el “rebajazo” o el “terminazo” de esta gran cantidad de deudas, que alzan el costo de la vida y que funcionan como un tapón al desarrollo social de Chile. Esta respuesta fácil puede reflejar también el no querer entender que el diálogo, entre representantes y representados, no le basta con el solemne compromiso de los mandatarios: de una vez por todas estos mandantes quieren garantías ciertas que serán escuchados, y muy pronto esta lista de demandas serán reemplazas por otras.

Esta crisis de representación generó efectos inmediatos, afectando los diversos discursos que se han querido mantener: (1) proponiendo un conjunto de soluciones de corto plazo que han resultado como una “lista de compras”, sobre aquellos aspectos que pueden favorecer económicamente la vida de los chilenos y chilenas; (2) colocando en el paredón al Ministro de Desarrollo Social y Familia para iniciar procesos de escuchas ciudadanas a través de los cabildos ciudadanos; (3) intentado construir algunas respuestas frente a demandas colectivas, como es el caso del alza del TAG o los impuestos específicos al diesel. En todas estas manifestaciones se presenta la trampa mortal del proceso: creer que un conjunto de exitosas negociaciones sectoriales serán solución suficiente para la crisis de diálogo social desatado.

El Gobierno y Congreso, así como las organizaciones políticas, enfrentarán una encrucijada esencial e histórica, que se relaciona con la interpretación sobre que hito coloca a Chile en una nueva ruta de desarrollo social. Esta encrucijada pareciera que se ha encauzado a través del cambio en la constitución de 1980. Cuales serán las reacciones? Básicamente dos: aquellos que priorizarán la recuperación de la paz social, así como el orden público y el funcionamiento normal de servicios públicos y empresas, para que nada cambie y todo continúe igual. Los otros, que esperemos sean más y mejores, deberán asumir con humildad los errores de acción u omisión del pasado a esta parte, e iniciarán un proceso de reformulación institucional, abriendo puertas y ventanas a un recambio completo de las máximas dirigencias nacionales, regionales y locales, y colaborando con un cambio constitucional que sea del suficiente tonelaje para que puedan caber en él todas las demandas que hemos visto anteriormente, con el fin de que puedan ser no solo escuchadas sino interpretadas de la mejor manera, con el objetivo de cambiar radicalmente el final de este cuento chino.

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