Martin Letelier

Martin Letelier

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile con intercambio académico en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Maratonista aficionado. Me gustan los postres, el tenis y la literatura (en ese orden).

Un país con arresto domiciliario

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Más allá de la comprobada efectividad sanitaria de las cuarentenas (cuando estas son cumplidas por una gran mayoría de la población), no se puede pasar por alto el enorme impacto colateral que estas conllevan en múltiples aspectos del ser humano, como son el sicológico, laboral, social y afectivo, por mencionar algunos. Y es que estar encerrados en nuestros hogares por tanto tiempo es una situación, para la mayoría de nosotros, inusitada, incómoda. Que nos hace inevitablemente valorar nuestra libertad y, en consecuencia, medir las implicancias morales y sociales que conlleva la pérdida de ella.

Estos son tiempos donde también se han instalado cada vez con mayor fuerza dos corrientes peligrosas y entrelazadas, como es la aparición de cierto populismo penal, ofreciendo automáticamente soluciones penales a problemas de diversa índole y un rechazo hacia el modelo garantista de nuestro sistema procesal -utilizándose el adjetivo garantista en términos peyorativos, cuando los jueces precisamente deben serlo, de ahí su nombre-.

Ahora que buena parte de nosotros se encuentra, guardando proporciones, privado de libertad, es importante desestimar estas ideas y reconocer la importancia del «garantismo penal», aquella corriente jurídica que consagra un sistema criminal donde impera un irrestricto cumplimiento de los derechos y garantías del imputado (presunción de inocencia, asistencia letrada obligatoria, legalidad y proporcionalidad de la pena, entre otras).

A muchas personas suele parecerles a lo menos contraintuitivo este principio. Frases como “el sistema protege más al infractor que a la víctima” -sin mencionar la famosa «puerta giratoria de la justicia»- no tardan en llegar y a varios les resulta paradójico que mientras el imputado tiene asistencia letrada obligatoria y gratuita, la víctima sería muchas veces invisibilizada. No por nada, dentro de los intentos del presidente Piñera por acallar el clamor social en octubre, se anunció la creación de una Defensoría de las Víctimas.

Desde luego, es natural y necesario empatizar y proteger a las víctimas. Pero antes de emitir declaraciones muchas veces cargadas de consideraciones emocionales (“que se pudran en la cárcel”) o tendientes al simplismo del populismo penal, en circunstancias en que la experiencia ha demostrado la ineficacia del endurecimiento de penas para resolver el fenómeno delictivo, vale la pena tomar el peso sobre qué precisamente estamos decidiendo.

Cuando caemos en estas corrientes peligrosas, solemos plantearlo desde la posición de que nunca estaremos en la vereda de los imputados, que a nosotros, nada nos pasará. Pero esa pareciera no ser la óptica correcta. Como acertadamente indicó Luigi Ferrajoli, el padre del garantismo: “al cuerpo social le basta que los culpables sean generalmente castigados, pero es su mayor interés que todos los inocentes sin excepción estén protegidos”. Si algo nos han enseñado estos últimos meses, es que a nadie el destino le está asegurado, y de enfrentarnos a las hostilidades del sistema penal ¿qué tan descabellado puede ser que como mínimo sean resguardadas nuestras garantías?

 El garantismo no se trata de pontificar a quienes cometen delitos. Sino de entender los alcances de la falibilidad humana. De aplicar la ley que corresponde y que durante el proceso en donde se juega un bien tan incalculable como es la libertad, esté garantizado el debido proceso. Ni más ni menos que eso.

Lo anterior cobra mayor relevancia considerando la preocupante precariedad en que vive nuestra población penal. Como señalaba el padre de un reo a comienzos de abril, en el marco de un motín realizado en el penal Santiago por las condiciones sanitarias en el contexto del Covid-19:“yo no justifico lo que hizo mi hijo, solo pido que se le proporcionen las condiciones mínimas de salubridad”.

El garantismo no es propiedad de ningún color político, clase o condición, sino que es el resultado del progreso normativo en el marco de una democracia, avance que fue consagrado en nuestro país con la reforma procesal penal y, que a su vez, nos hace recordar el valor incalculable que supone nuestra libertad.

Ahora que buena parte de nosotros se encuentra en una suerte de arresto domiciliario, sabiendo en carne propia lo que es pasar largas temporadas encerrados, sería positivo que antes de caer en peligrosos populismos penales, tomemos verdaderamente el peso de lo que implica decidir sobre la libertad de un individuo y el uso del derecho penal como último recurso.

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