Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

¡Un poco de pudor!

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Honrar la palabra es la base de todo sistema democrático. Digo la base, ya que luego de ello está el cumplimiento del mínimo civilizatorio que significa cumplir con el respeto a las normas básicas de convivencia, al pacto social, a aquello que se denominó hace ya más de dos siglos el contrato social, hecho carne en la modernidad en normas procedimentales y sustantivas, creadoras de derechos y obligaciones, consagradas en la Constitución y la ley.

Solo así, hombres y mujeres libres e iguales, pactamos vivir en sociedad y construir al menos una comunidad que permita convivir en paz.

Esto que parece obvio, en Chile las últimas semanas a veces parece no serlo. En un afán por mantener un electorado cautivo, sabiendo que la concesión política, y la incapacidad absoluta de innovación y cambio los arrinconó allí donde nunca hubiesen querido estar, cierta derecha política ha propuesto encuadrar el debate en la lógica de la legitimidad del proceso plebiscitario, en una maniobra política, altamente riesgosa que apunta a cuestionar desde ya el proceso constituyente abierto por las fuerzas políticas el 15 de noviembre de 2019.

Resulta paradójico que los mismos que se han aferrado con uñas y dientes a la Constitución de 1980, la misma que fue redactada sin oposición, en el contexto de una dictadura, hoy sin pudor alguno, cuestionen la legitimidad de un proceso constituyente nacido en democracia, y de un acuerdo que ellos mismos redactaron y aprobaron modificando la Constitución. Resulta todo un detalle, a estas alturas un chiste de mal gusto.

Sí, porque digámoslo con todas sus letras, los mismos que gozaron de las prerrogativas del sistema creado por Guzmán y la Comisión Ortúzar por 40 años, son los mismos que hoy, después de modificar esa Constitución para cambiarla dentro de sus propias reglas del juego, cuestionan la posible legitimidad del cambio.

Sí, los mismos que acordaron en reforma constitucional –léase con atención- a la que concurrieron con sus votos en las reglas que ellos mismos crearon entre cuatro paredes, y que no fueron sustancialmente modificadas en democracia, son los mismos que hoy tratan de borrar con el codo lo que escribieron a través de un pétreo quorum de 2/3 del Congreso que solo en diciembre pasado dejaron escrito en un nuevo capítulo de la Carta Fundamental.

Los mismos, que esa noche y en los meses siguientes batallaron para que el acto de referéndum de entrada al proceso constitucional fuese voluntario y no obligatorio son lo que como si nada, y con total soltura de cuerpo, cuestionan hoy la legitimidad de un proceso constituyente que ellos mismos validaron y refrendaron con sus votos en el Congreso, proponiendo que este sea llevado por la próxima Legislatura en reemplazo de la Convención Constituyente acordada o que proponen “mínimos para darle legitimidad al proceso”.

El tema no es un capricho como para argumentar razones presupuestarias o poner en duda la participación y la legitimidad de este. Hacerlo significa una falta de prudencia o mesura mínima en política, es jugar literalmente con las reglas mínimas de convivencia civilizada, con los bordes del marco acordado y con la paciencia de los chilenos. Es finalmente horadar cualquier capacidad de respeto por la palabra empeñada, es poner en riesgo nuestra democracia.

Supongamos, por un momento, que la izquierda chilena en los últimos 40 años de vigencia hubiese puesto en duda la vigencia de las reglas constitucionales (si hasta para ganarle al dictador y gobernar se atuvo a las mismas y con la paciencia de quien se sabe construyendo un futuro logró poco a poco y sin poco esfuerzo correr el cerco de lo posible), y decidiese de un momento a otro decir que no cumpliría la Constitución por ilegítima sin proceder a cambiarla por los mecanismos constitucionales y por las reglas del juego que esta misma obliga. Probablemente lo que hubiésemos visto habría sido un aullido de quiebre democrático, de cuestionamiento, de chillidos por el riesgo país, de columnistas y editoriales furibundas, para que decir si esto hubiese ocurrido en los primeros años de la transición. Ese lujo hoy se lo da campante una derecha que incluso pone cuota de incertidumbre en cuestionar un cambio constitucional que esta creado, reformado y aprobado de acuerdo a las normas que ella misma contribuyó a cristalizar en el acuerdo de noviembre de 2019 y posteriormente en el Congreso. Lo mínimo es un insulto a la inteligencia y la prudencia frente al país.

¿Se puede pedir respeto a la institucionalidad cuando los mismos que la piden la cuestionan y la socavan?

La derecha ha llegado a un insólito cuestionamiento del proceso constitucional que los lleva, al absurdo de cuestionar no solo lo que aprobaron, sino que pone en entredicho el cumplimiento de la propia Constitución y su vigencia al generar un interrogante sobre las normas que ellos mismos determinaron y acordaron. No es un juego, es socavar la Constitución que dicen defender, no es un detalle menor, es situarse más allá del límite de lo aceptable.

Por ello, lo que hemos visto es muy grave y vale la pena decir en voz fuerte y clara desde la oposición:

¡Un poco de pudor!

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