Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Un sistema sin dignidad

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Los tribunales de justicia han sido interpelados con una petición sin precedentes. Una profesora, invocando su derecho de propiedad, solicitó retirar la totalidad de sus fondos de pensión. La motivación tras su petición es simplemente dramática: el monto de su pensión es paupérrimo y necesita más ingresos con apremio.

Es evidente que su demanda estresa el sistema de pensiones. No hay que ser un genio para darse cuenta de que las cosas no están funcionando bien, ni para visibilizar las dramáticas e indeseables consecuencias que tendría el que el sistema judicial, en el que para estos efectos incluyo al Tribunal Constitucional, accediera a su petición.

Este debate toca el corazón de los derechos sociales, particularmente de la previsión social y su importancia. Pocas veces somos conscientes de nuestra mortalidad y fragilidad. Cotidianamente nos sumergimos en lo urgente y lo inmediato de nuestros arreglos familiares, profesionales u otros. No nos detenemos a percibir lo contingente de nuestro estado de salud, la posibilidad de un accidente invalidante o de como requeriremos apoyo en la vejez. Muchos damos por sentada nuestra autonomía y la ejercemos.

Y esto es un error.  Nadie es totalmente autónomo ni se mantendrá así toda su vida. Todos, requerimos cuidados y seremos dependientes en un momento u otro. Todos necesitamos contar con acceso a salud, educación y vivienda. Estos elementos, los de la seguridad social, marcan nuestro lugar en la vida y la dotan de dignidad. También son parte de las motivaciones de justicia que fundamentan la existencia del Estado.

¿Cómo estamos haciendo dignas nuestras vidas en la vejez a través del sistema de seguridad social? La respuesta clara y evidente es que la dignidad no es el baremo, ni el norte del sistema de pensiones chileno.

Nuestra Constitución, el telón de fondo de este debate, no es una en la que los derechos sociales tengan un espacio privilegiado. Muy por el contrario, en ella derechos como la educación, la salud y la seguridad social más bien garantizan que los particulares podrán participar de la provisión de las prestaciones que emanan de éstos, pero no una garantía de acceso. No obstante, incluso la Constitución indica que tenemos un derecho a la seguridad social (art. 19 No 18) y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes. No nos da una receta sobre cómo hacerlo, pero distingue un espacio para la provisión privada de la previsión social y un sentido detrás del derecho.

El litigio por el retiro de las pensiones y la agudización de las contradicciones que está generando, es el resultado de la sistemática evasiva del sistema político y económico a enfrentar las preguntas de fondo que buscan responder los derechos sociales y, en particular, el derecho a la seguridad social. Es de esperar que no sea el Tribunal Constitucional el que deba hacerse cargo del bulto que se ha estado esquivado, pero si lo hace, ojalá recuerde que nuestra propia Constitución coloca al Estado al servicio de la persona humana. Y eso, que duda cabe, incluye su dignidad en la vejez.

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