Pablo Gutierrez

Pablo Gutierrez

Abogado con estudios en Derecho Constitucional y Derecho Regulatorio Ambiental, con una vasta experiencia nacional e internacional en reformas institucionales y cambios regulatorios en diversos sectores del Estado.

Un viaje por la política latinoamericana

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Con esta frase, el Canciller mexicano resumió el periplo del vuelo de la Fuerza Aérea de su país, en el cumplimiento de la orden presidencial, en términos de hacer realidad la oferta de asilo al ex-Presidente Evo Morales. Resulta singular que, efectivamente, fue necesario realizar un conjunto de diálogos y negociaciones políticas con países latinoamericanos para lograr trazar la ruta de regreso a México.

El sentido de las palabras del Canciller reflejan las diferencias de intereses o políticas entre los países de la región, en un período de supuesto reflujo conservador, después de una década y fracción de gobiernos de variados cortes, más o menos, progresistas. Por tanto, no debería extrañar que existan visiones o gestiones políticas de diversos cuños. Lo que sí extraña, es la ruptura de consensos que muchos dieron por sentados, a partir de la última ola democrática.

Toda la oleada democrática, posterior a la caída de las dictaduras latinoamericanas, así como la debacle del socialismo real, había avanzado como un fuego irrefrenable por nuestros países. Las dictaduras sudamericanas se alejaban de nuestra vida cotidiana y la paz en El Salvador sellaba el término del último conflicto armado interno del hemisferio. La reconstrucción de la institucionalidad democrática comenzaba y brillaba la cooperación internacional por doquier, levantando Congreso Nacionales, Tribunales Electorales, entre otros organismos públicos esenciales.

Este proceso asentó, definitivamente, en las clases políticas uno de los consensos fundamentales: la democracia liberal es el único sistema político posible y deseable. La resolución 1080 de la Organización de Estados Americanos de 1991, se convierte así en el primer mecanismo de protección de la democracia representativa, señalando como deber del Secretario General convocar “inmediata(mente) (al) Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización (…)”. Naturalmente, esta resolución tenía en vista el pasado reciente, vale decir, que el riesgo provenía de la posible sustitución de la autoridad civil por la militar, mediante el uso de la fuerza, irrespetando los principios y reglas del proceso democrático. Posteriormente, a partir del aprendizaje de otras formas de alteración democrática, como la experiencia del fujimorismo peruano, se adoptó, el 11 de septiembre del 2001, la Carta Democrática Interamericana, que detalló nuevas herramientas e hipótesis de ruptura democrática, como la consagración de las Misiones de Observación Electoral como herramienta preventiva y la creación de la mera interrupción del proceso democrático como luz verde a la acción de la Organización.

El señalar estas resoluciones no hace más que evidenciar el amplio consenso que la democracia representativa y sus correlativas disposiciones constitucionales representaban para los países del hemisferio. Podrían considerarse resoluciones deficientes y faltas de un acuerdo más sustantivo sobre el sistema democrático, pero el respeto a la autoridad electa democráticamente, y al proceso electoral como único mecanismo de sucesión legítima del poder, se contaban dentro de los componentes unánimemente aceptados. Muestra de ello, la expulsión acordada, sin opositor alguno, del Gobierno de Honduras de la OEA, cuando se consumó el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. Nadie dudó que, el secuestro por un comando militar del Presidente en ejercicio, y la posterior toma del mando por el Presidente de la Asamblea Nacional, no constituía una sucesión “constitucional” del poder, sino un golpe de Estado.

En definitiva, las dificultades o negativas puestas por Perú y Ecuador para llevar adelante el traslado aéreo del ex- Presidente Morales, por consideraciones políticas, obviando toda nuestra larga tradición de asilo político, dieron las primeras luces del quiebre del consenso democrático. A esto se sumó la tardía y pobre declaración del Secretario General de la OEA, quien omitió todo pronunciamiento al Golpe y se limitó a “rechazar cualquier salida inconstitucional (y) que se reúna en forma urgente la Asamblea Legislativa a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional”. Esto se considera una forma de regularizar la intervención de policías y militares en franca rebelión, y no hace sino develar la total ruptura del consenso democrático de las últimas dos décadas. No resulta aceptable que, consideraciones ideológicas o políticas, hagan operar los mecanismos de la Carta Democrática en algunos casos, como en el reciente conflicto del Ecuador, donde el Secretario General rechazó cualquier forma de interrupción del mandato del Presidente Lenin Moreno, y en otros se busque dejar atrás la sustitución por medio de la amenaza del uso de la fuerza militar, apelando al retorno pronto del funcionamiento institucional.

Como corolario de lo anterior, sólo podemos señalar algunas cuestiones centrales. Resulta evidente que Bolivia celebrará pronto nuevas elecciones, con la probable marginación de quienes fueron derrotados de facto, con la finalidad de legitimar el golpe de Estado. La nueva elección se conducirá en el más amplio marco de observadores internacionales, quienes decretarán la sanidad completa de la elección, a pesar que resulta imposible mejorar las debilidades estructurales que denunciara en sus informes la Misión de OEA, y, con posterioridad, vendrán los reconocimientos unilaterales del Gobierno electo. El consenso democrático ha sido demolido y no parece tenga pronta recuperación, agravando la división del hemisferio, en el mismo tono de guerra fría que hemos leído de diversos personeros. Queda pendiente fortalecer una labor preventiva, oportuna y eficaz, de los organismos internacionales, que en esta oportunidad brillaron por su ausencia.

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