Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Una hoja en blanco y dos tercios

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

¿Qué significa que los parlamentarios de oficialismo y oposición hayan pactado que la nueva constitución se escribiría en una hoja en blanco? ¿Por qué la idea de tener una hoja en blanco ha generado tanta inquietud? ¿Por qué es importante? ¿Qué rol juega el quórum de 2/3?

Contestaré brevemente estas preguntas. La noción de hoja en blanco supone que, en caso de que en abril de 2020 la ciudadanía vote por cambiar la constitución y construir una nueva, el texto que surja de este proceso reemplazará totalmente al que lo precedió, aun cuando en algunas materias no exista acuerdo y queden fuera del texto final que será plebiscitado. Es decir, la nueva constitución reemplazará totalmente y orgánicamente a la antigua. Por tanto, la Convención Constituyente o la Convención Constituyente Mixta podrá debatir y acordar qué juego de reglas incluirá en la Constitución sin tener, como texto subsidiario en caso de disenso, la Constitución del ’80.

La hoja en blanco a partir de la cual deberán trabajar la Convención Constituyente o la Convención Constituyente es el reflejo más prístino del ejercicio del poder constituyente original, el cual reside en el pueblo. Quienes integren estos órganos tendrán la libertad de deliberar y acordar, por un quórum de 2/3 valores, qué principios, valores, instituciones, derechos y procesos serán incluidas en la nueva Constitución. Las materias que no queden en la constitución serán, como todas las otras que no están en ella, propias de ley simple. No obstante, esta hoja en blanco no parte en un país en blanco, sino uno que continúa trabajando y que tiene instituciones, una tradición constitucional que la precede y obligaciones internacionales relevantes, particularmente, tratados internacionales de derechos humanos.

El ejercicio del poder constituyente original en este momento histórico en nuestro país es uno que debe ser respetuoso de los derechos humanos y que debe aquilatar las experiencias virtuosas de estos largos casi 30 años de transición a la democracia. Un ejemplo claro y que ha despertado inquietud entre los economistas estos días es qué sucederá con el Banco Central. Como en todas las cosas, esta institución podría ser perfeccionada, por ejemplo y parafraseando a José de Gregorio, mejorando su accountability o rendición de cuentas y responsabilidad ante el sistema político y la ciudadanía. No obstante, es evidente que su inclusión, aunque virtuosa, debe ser debatida y acordada por el consenso de 2/3 de los integrantes de la Convención Constituyente o la Convención Constituyente.

Una interpretación distinta sería negar el que estemos en presencia de un verdadero proceso para alcanzar una nueva constitución. Más bien habríamos mandatado a la Convención Constituyente o a la Convención Constituyente Mixta a reformar las partes de la Constitución del ’80 donde hubiese consenso y mantener aquellas partes en las que no. Y eso, sin lugar a dudas, sería un proceso modificatorio de la constitución actual, no uno conducente a una nueva constitución.

Los problemas que suscita esta tesis son evidentes. De una parte, esto no fue lo pactado. Las condiciones políticas y sociales de nuestro país se encuentran en un punto tal que simplemente no admiten más tensión. Si el sistema político comienza a desconocer los acuerdos que alcanza para salir de esta crisis, estaremos a la merced de quienes prefieran que la solución sea por la imposición de la fuerza, ya sea por las armas militares o la destrucción y saqueo de las ciudades.

De otra, sin la hoja en blanco, la regla de los 2/3 no opera como una garantía a la cooperación. Por el contrario, quienes quisieran que se mantenga la constitución política de 1980 solo tendrían que alcanzar 1/3 de los escaños en Convención Constituyente o la Convención Constituyente Mixta y después negarse a cualquier acuerdo. Eso generaría un proceso de quiebre y crisis, ya no solo del proceso constituyente, sino del político, pues este sería incapaz de superar el modelo político, económico y social de la constitución del ’80 y regresaríamos a la potencialmente desestabilizante catarsis colectiva en la que estamos sumidos.

Este debate sobre lo acordado y la propuesta de interpretación que busca alterar su sentido profundo e inhibir, realmente, la creación de una nueva constitución, profundizará percepción de que nuestra clase política no esté a la altura de las circunstancias, que prefiere privilegiar su posición y no aquilatar el momento crítico en el que nos encontramos; las trampas a los grandes acuerdos y a cumplirlos de buena fe.

Los desafíos que hemos enfrentado en el pasado y las soluciones que se han alcanzado no se han construido de esta forma. Espero que la miopía de unos pocos no inhiba la capacidad de los muchos de distinguir que este es un buen acuerdo y que, debidamente complementado de otros actos y políticas públicas, puede abrir un camino para salir de la violencia y el caos en el que estamos sumidos.

Más del autor

La paridad en el proceso constituyente

La demanda de paridad en el proceso constituyente convoca ha estado en el epicentro de las diferencias en el bloque oficialista al punto de “congelar” la relación dentro del bloque.

Una nueva Constitución, para un nuevo pacto social

Pareciera que es más fácil imaginar que las demandas sociales y su estallido son el resultado de una conspiración de la izquierda internacional, a mirar, sinceramente, sus causas y qué está ocurriendo realmente en Chile y qué alternativas se están ofreciendo.

Nada es lo mismo, todo se parece

Nuestro país es uno que tiene grandes y vergonzosos grados de inequidad social, pero que conscientemente se ha negado a modificar ciertas estructuras que previenen que avancemos a un paso más celero en su reducción.

Más para leer

Quién sabe, hay que preguntarle a Radomiro

Suscríbete a nuestro Newsletter

¡Mantente al día con las novedades de Entrepiso y suscríbete para que la información llegue directamente a tu correo electrónico!