Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Una nueva Constitución, para un nuevo pacto social

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Pareciera que es más fácil imaginar que las demandas sociales y su estallido son el resultado de una conspiración de la izquierda internacional, a mirar, sinceramente, sus causas y qué está ocurriendo realmente en Chile y qué alternativas se están ofreciendo. Pero esto no es una mera cortina de humo que permite a quién la invoca ocultar la realidad solo por un tiempo breve.

Es tiempo de pasar de las tesis conspirativas ha pensar en serio qué hacer para salir de esta crisis. Y espero que esto suceda más temprano que tarde porque el plebiscito de abril de 2020 es uno donde definiremos si queremos dotarnos, como pueblo, de un nuevo pacto social, no solo de una nueva constitución.

Porque el acuerdo por la paz social y una nueva constitución debe ser leído como lo que es: la oportunidad de dotarnos de un nuevo pacto social. Este elemento transformador es el que tiene a algunos anticipando su rechazo, a otros tratando aún de entender el por qué de la necesidad del cambio y a unos pocos pontificando sobre la virtud de un nuevo texto, pero sin entrar en el debate de su contenido.

Quienes han bogado por el rechazo de una nueva constitución en abril de 2020 indican que los problemas del sistema políticos se encuentran en el funcionamiento y dirección de las instituciones. Distinguen en la Constitución del ’80 un instrumento que ha asegurado que Chile tenga paz y prosperidad.[1] Quienes aún se cuestionan el por qué de una nueva constitución y, en este grupo hay múltiples personas, tienen un sin número de razones para hacer esta legítima pregunta. No obstante, me atrevo a afirmar que la constitución ha sido para ellos un elemento invisible o un supuesto que no es relevante para sus decisiones, o bien, que desconocen su contenido y cómo ésta ha sido invocada para limitar los proyectos de ley y políticas públicas destinadas a la superación de la desigualdad en Chile.

Por último, quienes promueven aprobar en abril de 2020 una nueva constitución, han omitido la importante tarea de explicar de forma clara y directa por qué la constitución actual debe ser reemplazada y qué expectativas reales debemos depositar en este proceso.

Por mi parte, me encuentro dentro de aquel grupo de personas que votará apruebo en abril de 2020 y, por tanto, estimo debemos al menos responder las preguntas de por qué y para qué necesitamos una nueva constitución.

¿Por qué? Porque esta constitución tiene problemas de ilegitimidad reales en su origen que nos dividen hasta el día de hoy y porque, además, asegura constitucionalmente un modelo neoliberal en lo económico y una concepción de democracia elitista que condiciona todo el ordenamiento jurídico. A la postre, al sistema político de su capacidad de respuesta a los problemas sociales.

En términos concretos, esto significa que todas las normas y políticas públicas deben responder al mandato de la norma suprema de la constitución. Aquello que se aleje de ésta puede ser declarado inconstitucional y eliminado. Para muestra un botón: el tribunal constitucional decidió que las empresas privadas que reemplazan al Estado en la provisión de prestaciones de salud tienen conciencia y que el Estado no puede exigirles que cumplan sus contratos cuando se trata de interrumpir un embarazo de una niña o mujer que ha sido víctima de violación, que el no nacido no sobrevivirá fuera del útero o que su vida corre peligro. Es decir, el Estado es esencialmente subsidiario y en la provisión de la salud tiene más peso el ideario de los privados o “grupos intermedios” que el derecho de las mujeres a la salud y la obligación de satisfacerlo.

¿Para qué una nueva constitución? Para contar con un juego de reglas que nos permitan alcanzar soluciones por medio de la democracia distintas de las que actualmente podemos tener. Si queremos más y mejores derechos sociales en materia de previsión social, salud y educación, debemos partir por distinguir que no estamos en presencia de un mercado, sino de derechos. Esto no significa que no haya un rol para los privados, sino que la lógica estará puesta en satisfacer los intereses colectivos de todos y no necesariamente a procurar mejorar las condiciones de competitividad del mercado. Necesitamos un Estado que pueda participar en la economía, no antagonizando con los privados como lo representa la constitución del ’80, sino saliendo al encuentro de los privados y alcanzando nuevas alianzas con éstos. Este será el modelo que nos permitirá, por ejemplo, tener una mejor respuesta para la dramática sequía que nos aqueja y los desafíos del cambio climático.

Es evidente que una nueva constitución no cambiará todo y que no solucionará por arte de magia los problemas de justicia social en Chile. No obstante, es claro que, sin una nueva constitución, no habrá propuestas de desarrollo distintas a las que estamos viendo hoy, sino solo perfeccionamiento al mercado de los derechos sociales o la incapacidad del Estado de ser un agente de cambio o de conducir a la nación hacia para enfrentar los desafíos del futuro.

La invitación en abril es una donde cada uno de nosotros deberá escoger si desea sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo, o si queremos seguir anclados a este.


[1] https://www.24horas.cl/politica/kast-dice-que-liderara-campana-campana-del-no-y-defiende-actual-constitucion-3728805

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