Francisco Javier Diaz

Francisco Javier Diaz

Abogado y cientista político (U. de Chile, London School of Economics). Analista, columnista, ex-influencer y speechwriter profesional. Fue Subsecretario del Trabajo (2014-2018), ahora ejerce como abogado en materia laboral.

Volante o maleta

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Ya van tres semanas desde el estallido social, y el Presidente Piñera parece haberse empecinado en reducir su propio margen de acción. La mitad de sus decisiones han sido equivocadas y la otra mitad, tardías. Ya queda poco espacio para maniobrar. Ya son pocas las cartas que le quedan por jugar. Apostar por el cansancio del movimiento no ha funcionado. La única manera que queda de encauzar ansiedades y calmar ánimos, es la convocatoria a plebiscito.

El Presidente debe decidir, en los próximos días, si desea tomar el volante del carro de la nueva democracia chilena que puja por emerger.

La cuestión constitucional ya comienza a ser sentido común entre los actores políticos y sociales. Los partidos políticos –incluyendo a dirigentes de la derecha–, las organizaciones sindicales y sociales, la Corte Suprema, la Iglesia Católica, las fundaciones más respetadas, académicos, economistas, probablemente algunos empresarios prontamente, entre muchos otros, ya lo dicen claro: un nuevo pacto constitucional es la única salida al grave conflicto. Y en las paredes de la ciudad, tres rayados destacan por su masividad: “Nueva Constitución”, “Renuncia Piñera” y algo relacionado a Karol Dance.

Si no demora la decisión, la convocatoria a plebiscito puede aplacar la enorme rabia acumulada. Dar un cauce institucional a las demandas políticas y sociales, y poner un plazo de calma. Puede generar un debate virtuoso y participativo, nunca antes visto en la democracia chilena. No hay que temer a esa opción. Basta leer la sistematización de los encuentros constituyentes que se organizaron durante el gobierno de Michelle Bachelet: buena fe, buenas ideas, sensatez y justicia social.

El proceso plebiscitario y constituyente puede perfectamente calzar en el año electoral de 2020. El debate de lo público puede florecer. Los partidos pueden revitalizar su capilaridad territorial y electoral. Las organizaciones sociales, los sindicatos, la sociedad civil en general, pueden virtuosamente debatir acerca de un mejor futuro, lo que, a su vez, permite aislar el violentismo preocupante que se ha visto en estas semanas.

La agenda social del gobierno ya no rindió. El cambio de gabinete, más allá de la positiva incorporación de Ignacio Briones, no alcanza a mitigar siquiera en parte el descontento. Los tímidos avances legislativos ni siquiera son escuchados, y peor aún, algunos en la derecha incluso los critican desde su propio dogmatismo. El orden público está desbordado, y los llamados al orden del Presidente solo atizan más el fuego. El COSENA quedará enmarcado como la reunión más inútil de la institucionalidad chilena, donde los presidentes de las Cámaras acudieron de mala gana y el Contralor reprendió en vivo y en directo, en su cara, el criterio jurídico del Presidente para convocar a dicha instancia. Y desde fuera, el informe de la ONU sobre Derechos Humanos puede llegar a ser una pesada carga que liquide cualquier nuevo movimiento gubernamental. Si se llega a decir algo parecido a uso sistemático de fuerza desproporcionada, Piñera quedará en una posición de extrema debilidad política.   

De esta forma, si el Presidente no toma ahora el volante, lamentablemente no tendrá mayor opción. Una autoridad desbordada no se sostiene por dos años más. Y de paso, puede acarrear con él a gran parte de la clase política, los partidos y a toda la institucionalidad.Las opciones se estrechan. Hay que llevar la consulta a la gente, o ya no quedará mucho más.

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