Juan Enrique Pi

Juan Enrique Pi

Abogado, 35 años, sudaca militante y entusiasta de la historia. Los fundamentalistas le dirán que soy un funcionario de la dictadura gay, pero solo quiero un país justo, donde podamos ser libres y vivir en paz.

¿Y dónde está la Subsecretaría de Derechos Humanos?

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El 24 de febrero de 2012, el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, por la privación del cuidado personal de sus hijas a la jueza Karen Atala, en razón de su orientación sexual. Dicha condena contenía, además de las reparaciones propias a las víctimas de violaciones a derechos humanos, una garantía de no repetición, de modo de evitar que en el futuro más personas pudieran ser discriminadas en la administración de justicia por el Estado de Chile. En ese sentido, la Corte ordenó al Estado capacitar a funcionarios públicos, especialmente a funcionarios judiciales, en materias relacionadas con Derechos Humanos y no discriminación.

Sin embargo, un levantamiento hecho por Fundación Iguales en el año 2017 demostró que, a cinco años de publicada la condena al país, solo un 5% de los funcionarios judiciales había sido capacitado en materias generales de derechos humanos, y apenas un 1,3% había recibido alguna capacitación relativa a derechos de la comunidad LGBTI. Luego, a principios de 2018, la Corte Suprema dio a conocer su política de Igualdad de Género y No Discriminación, donde, basado en los principios de igualdad, no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia, no violencia y participación e inclusión, estableció más de treinta medidas a desarrollar en cuatro ejes temáticos, con el objetivo externo de establecer una administración de justicia con enfoque de género, y el objetivo interno de generar condiciones de respeto e igualdad dentro del mismo Poder Judicial. Hoy, esa política está ejecutándose.

¿Qué hacer con la educación en derechos humanos que debe tener los funcionarios públicos? Esta tarea hoy está encomendada a la Subsecretaría de Derechos Humanos, institucionalidad que comenzó a funcionar en enero de 2017, y que es el organismo de la administración del Estado que debe prestar asesoría y colaboración directa al Ministro de Justicia en el diseño y elaboración de las políticas, planes y programas relativos a la promoción y protección de derechos humanos.

Pero, ¿cuál es su importancia? Probablemente uno de los ejemplos más brutales sea el caso Atala, donde el prejuicio pasó sobre las decisiones de una familia unida y que quería mantenerse así; pero otros ejemplos abundan: desde los abusos de carabineros en el contexto de las protestas que han afectado a mujeres, comunidad LGBTI y personas con discapacidad; pasando por los atropellos al pueblo mapuche en La Araucanía; o por la discriminación que personas afrodescendientes y migrantes sufren a diario en la tramitación de sus visas y permisos para trabajar. Las personas que trabajan en el Estado representan al Estado, y se vinculan diariamente con sus mandantes, que reclaman de su parte un trato digno. Esta demanda, a veces ninguneada o mirada en menos, es clave para entender las transformaciones que el Estado chileno debe concretar en esta llamada revolución de dignidad que se inició el 18 de octubre. Es cierto: una condición para la vida digna es saber que la comunidad estará disponible para uno cuando las cosas no resulten como se esperaba, pero pasa también, indudablemente, por un trato decente de ese mismo Estado con sus ciudadanos y ciudadanas. No basta con la transferencia de recursos y servicios desde un Estado que pretende la seguridad social y el bienestar de sus compatriotas, sino que requiere, sobre todo, el trato dignificante de su administración con quienes dice defender y deberse. De lo contrario, cada uno de nosotros es una potencial víctima de un Estado que desconoce la diversidad de la ciudadanía que representa, y que –de buena o mala fe- terminará discriminando y comprometiendo su propia responsabilidad internacional.

Es ahí donde uno se pregunta, ¿y dónde está la Subsecretaría de Derechos Humanos?

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