“Una multitud vacilante se divide en facciones opuestas”. La frase de Virgilio, el poeta romano, nos ayuda en perspectiva a observar el esfuerzo que tenemos que hacer cuando restan menos de 40 días para dar inicio a un proceso histórico como es el constituyente; para redactar la nueva Carta Fundamental que podría regir los destinos de Chile más allá del siglo XXI.
Mientras lo anterior ocurre, el día a día asfixiado de la política contingente pareciera olvidar el trascendental momento que nos preparamos a vivir.
Luego del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, en un momento de altísima tensión institucional, política y social, el desafío fue plasmar el acuerdo en un nuevo Capítulo XV de la Constitución, que establece las reglas claras en que se desarrollará el proceso constituyente, sus límites y la forma como se llevará a cabo la discusión.
Dicho acuerdo, que fue un acto de “buena política” pensada con la mejor de las voluntades para salir del atolladero en que el país se encontraba, dio tranquilidad y permitió, como es en las sociedades civilizadas, encauzar la fuerza de la calle y las protestas, en un momento constituyente, que nos permitirá decidir el tipo de país que queremos.
También, será la primera oportunidad en nuestra historia, en que los chilenos podamos tener una discusión sin exclusiones para enfrentar y pensar el futuro sin miradas cortoplacistas. Hay que recordar, además que el acuerdo de noviembre de 2019, tuvo su correlato en un acuerdo político en el Congreso, al que asistieron las fuerzas políticas en su gran mayoría solo con la exclusión de algunos diputados situados en los extremos del arco político, pero que el tiempo ha llevado –esperamos a una reflexión oportuna- de recapacitar y sumarse a los esfuerzo por el “Apruebo” en el plebiscito ya postergado.
Por ello es tan importante, que la política institucional, reflejada en el Congreso Nacional, tenga la capacidad de salir de las pequeñas rencillas para hacer política de calidad, lo mismo le concierne al Gobierno.
Estos meses que restan nos deben permitir movilizar todos los esfuerzos en hacer pedagogía constitucional a todos quienes tenemos la capacidad de hacerlo. Es mucho el desconocimiento, las debilidades y falencias en el conocimiento de temas constitucionales. Por ello, es tiempo de deponer candidaturas presidenciales o de cualquier otro tipo, pequeños cálculos, acusaciones constitucionales sin sentido, ni destino, para enfrentar la discusión que viene, para preparar y comprometer a Chile en el desafío que tenemos por delante.
El camino no es, ni será fácil, por ello requiere del acuerdo y una discusión de altura de todos los sectores políticos.
A la pandemia, se suma una acuciante situación de crisis económica, que impone responsabilidad de los actores, requiere que como país trabajemos sin pausa por los millones de desempleados, en una crisis económica y social, que producto de la pandemia, nos ha llevado a un desempleo histórico desde 1982, a un déficit fiscal que no se veía desde 1972. La situación ha sido descrita, como una crisis que hará retroceder a Chile al menos en diez años en su lucha contra la pobreza y la marginalidad, afectando ella, como siempre, más a las mujeres que a los hombres.
Como en otros momentos de nuestra historia, en particular, en la crisis de principios de siglo XX, que nos llevó a la muerte de la República Parlamentaria, a la aprobación de la Constitución de 1925 y a la inestabilidad política entre 1929-1932, como consecuencia de la crisis económica mundial, el momento en que abordamos la discusión constitucional es un cambio epocal que obliga a todos los chilenos, y especialmente al mundo político, a leer con atención lo que ocurre y actuar a la altura de las circunstancias.
Por lo mismo, uno de los elementos que particularmente los partidos políticos deberán abordar, será el de entender que una convención constituyente compuesta solo de militantes de los mismos, tendrá un elemento que puede distorsionar la verdadera representación. En este sentido, se requerirá de generosidad, para que las listas de las grandes coaliciones sean capaces de reconocer a independientes –sin filiación política- pero sin la “neutralidad aparente del apoliticismo”, sino con claridad del domicilio político que muchos chilenos reconocen. En este sentido, los chilenos reconocen ser de izquierda, centro o de derecha, pero la gran mayoría de éstos no milita, ni lo haría en un partido.
Lo mismo ocurre con la necesidad de reconocer cupos para etnias o pueblos originarios. Es imposible tener una discusión seria sin ellos en la mesa.
La discusión central que nos ha llevado a pensar en una salida constitucional para nuestros problemas como país, tienen que ver esencialmente con los criterios de construcción originaria de la Constitución de 1980. Por lo mismo, la legitimidad y forma del proceso que iniciamos requiere de altura de miras, de capacidad de otear más allá del cálculo para evitar abrir al futuro un debate innecesario y zanjar la falta de legitimidad de nuestros procesos constitucionales. Eso es lo que nos jugamos. Ni más, pero tampoco menos.
La semana recién pasada, recordamos los 47 años del Golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del Presidente Allende. Con ello, nuestra memoria acudió a traer el profundo quiebre en nuestra convivencia histórica, el horror de la dictadura y el modelo que impuso la Constitución de 1980. Como nunca antes, el mensaje para lo que viene es claro y contundente, tenemos una obligación profunda con el país del futuro.
Estamos a tiempo de hacerlo y es tarea de todos y todas ponernos a la altura de las circunstancias, desde donde estemos ahora y en el futuro, para construir la sociedad que queremos.
