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Presos Políticos: Una realidad inexistente

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Con la liviandad que acusan los términos, un grupo de senadores, presentó un proyecto de indulto para los “presos de la revuelta del 18-O”.

Es importante, en tiempos de sloganes fáciles explicar exactamente que significa esta frase, que suena bien, ante un grupo que cree estar viviendo su propia dictadura, algo que está muy lejos de lo que hoy vive Chile.

Es cierto, desde el 18-O a la fecha se han producido múltiples violaciones a los derechos humanos, las que han sido constatadas por organismos de alto prestigio en la materia como la Alta Comisionada de DDHH, Humans Right Watch (HRW), Amnesty International (AI) y por cierto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Dichas violaciones han generado cientos de heridos, sobre todo oculares, muertos, abusos sexuales, violaciones y tortura en torno a detenciones asociadas a las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019. Negar lo anterior a estas alturas, es un ejercicio que solo intenta retóricamente el Alto Mando de Carabineros, pero que ya ni el propio Gobierno es capaz de sostener sin saber que en las mazmorras de la democracia la oscuridad apareció con toda su brutalidad, luego que creíamos que nunca más debía ocurrir algo así.

Con todo, sostener que en Chile existen actualmente presos políticos, es falso y un error conceptual que uno esperaría no fuese auspiciado por senadores.

Como bien señaló, José Miguel Vivanco, Director de HRW America -a quien nadie podría acusar de tibio en materia de defensa de DDHH- “hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Presos políticos son esencialmente presos de consciencia, que son perseguidos por sus ideas, por sus opiniones, por simplemente tratar de promover una idea diferente de la oficial, no creo que en Chile existan presos políticos”

En efecto, uno esperaría que al presentar un proyecto de indulto los 5 senadores patrocinantes hubiesen tenido algo de cuidado al definir lo que distingue delitos comunes de delitos políticos producidos a partir del 18-O.

Baste revisar los números presentados por el Defensor Nacional, Andrés Mahnke para determinar que en Chile no hay presos políticos, sino personas detenidas por actos delictivos propios de la persecución penal de un Estado Democrático.

Reconocer lo contrario, sería reconocer que los 72.000 detenidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, 16.000 estarían ligados a delitos en el contexto del estallido social, con ello se abre la peligrosa cuestión que señalaría que el Ministerio Público es un ente persecutor político, lo que está muy lejos de ser una realidad en Chile.

Que hay personas detenidas sin juicio de manera preventiva o medidas cautelares que no se han revocado por la lentitud o fallas del sistema es un problema, pero otro muy distinto es sugerir que han sido detenidos sin investigación y por el solo hecho de discrepar con el poder oficial.

Ello constituye una deshonestidad intelectual grave en cinco senadores que saben que un indulto de esta naturaleza llevaría a la calle a personas que cometieron delitos comunes (saqueos, robo, o tenencia o porte de armas) lo que entre otros podría poner en libertad a personas como John Cobin un ultra derechista que disparó a una turba en esos días complejos.

La señal que se da desde el punto de vista penal, aduce una suerte de componente “ético” que justificaría la comisión de delitos en razón de la “violencia o rabia acumulada” en la sociedad.
Ello no solo es una señal errónea, es además una falacia grave que no pondera de manera correcta lo ocurrido y permite argüir que en ciertas circunstancias es posible delinquir sin consecuencias.

La democracia no descansa sobre los empates, sino sobre certezas. Que las fuerzas de orden hayan cometido severas violaciones a los derechos humanos que no deben repetirse, y lo más relevante, deben investigarse y juzgarse con todo el peso de la ley, no habilita para que quienes cometieron delitos no sean investigados y juzgados como corresponde con todas las garantías que ofrece un sistema democrático en vigor.

La ideologización de algunos -románticamente torpe- de encontrarnos viviendo cerca de una dictadura solo demuestra el desconocimiento de como actúan los poderes del Estado en un gobierno de facto o los entes de persecución.

Nada más lejano en Chile, sin perjuicio de la prevención de las graves violaciones a DDHH que hemos observado, pero que en caso alguno dicen relación con violaciones al debido proceso o el derecho a la defensa.

Es de esperar que un proyecto de esta naturaleza no prospere, no solo por las víctimas, sino por el descrédito al sistema que significa en las ya disminuidas instituciones que algunos constantemente tratan de socavar.

Por cierto, es esencial que los Tribunales resuelvan con eficiencia las causas que conocen y revisen con estándares de DDHH las medidas cautelares o de prisión aplicadas, pero ello dista mucho de razones de fondo para la aplicación liviana de un indulto, donde no hay razones para ello.

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